La propuesta del Gobierno de Canarias deja en una situación inédita a los fiscales de menores
Para ingresar a un menor, sea éste o no migrante hay un protocolo que se tiene que cumplir en una serie de pasos concreetos, verán:
Localización del menor por las fuerzas del orden.
Determinación de la condición de menor no acompañado:
Si hay dudas sobre la edad, se activa el protocolo de determinación de edad.
Se realizan pruebas médicas si es necesario.
Se ingresa el menor en el registro en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA).
Puesta a disposición de la entidad pública de protección de menores.
Ingreso efectivo en el centro de protección.
Hasta el paso numero 3, la reposabilidad de la guarda efectiva del menor es de la policia nacional, que es la encargada de los trámites de extranjeria, pero una vez que se sabe que la persona en cuestión es menor y que esta sin compañia se debe de informar al fiscal de menores para su ingreso en la entidad publica, es decir en la ONG que gestiona el recurso, previo informe al gobierno pertinente.
Claro, pero que pasaría si como propone el Gobierno de Canarias, después de informar la policia nacional al fiscal, llega al centro de protección y éste se niega a hacerse cargo del menor.
¿Que respòsabidalida tiene el director del centro en cuestión?, ¿Puede relamente negarse a acogerlo en el centro y atención detentar la guarda del menor? y sobretodo qué va a hacer el fiscal del menores, no tanto el gobierno central como parece dar a entender la medida, sino el propio fiscal de menores que se va a encontrar con tener que tomar un medida drástica con respecto a aquellos de deben ostentar la resposabilidad de tutelar a ese menore no acommpañado
Veremos que ocurre. Los fiscales de menores deben estar pensando en que esta medida les pone en un brete inédito en nuestro pais.
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